La Secretaría de Trabajo relevó a más de 26 mil trabajadores durante 2025

Según el informe de gestión elaborado por la Subsecretaría de Fiscalización, Sumarios y Multas, durante el año se concretaron 3.070 inspecciones en Seguridad e Higiene y 2.378 fiscalizaciones laborales, lo que derivó en una cobertura efectiva sobre 26.479 personas trabajadoras en distintas actividades económicas de la provincia.

Uno de los ejes centrales del trabajo fue el cumplimiento del convenio celebrado con la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), con la consecución de la meta anual acordada que superó las 4.000 fiscalizaciones.

Otro dato relevante del período es la reducción de los tiempos de carga de actuaciones en los sistemas administrativos. Mientras que en 2024 los plazos eran más extensos, en 2025 el promedio de carga se ubicó dentro de los cuatro días posteriores a la fiscalización, agilizando circuitos internos y mejorando la trazabilidad de cada intervención

El balance del año refleja un fortalecimiento sostenido de las políticas de fiscalización, con impacto directo en la protección de las y los trabajadores, el cumplimiento normativo y la articulación con organismos nacionales se generan en base a más controles, mejores tiempos y mayor eficacia y construyen derechos todos los días.

En ese marco, la secretaria de Trabajo de Río Negro, María Martha Avilez, puso en valor el alcance del trabajo realizado durante el año y destacó la mejora en la calidad de las intervenciones.

“Estos números no son solo estadísticas: detrás de cada fiscalización hay trabajadores y trabajadoras concretas, hay condiciones laborales que no solo se controlan, sino que además se siguen hasta que se regularizan; en eso tenemos que destacar que hay un Estado presente que actúa con planificación y responsabilidad y en pos del cuidado de los trabajadores, tal como no los ha encomendado el Gobernador Alberto Weretilneck”, sintetizó.

Para Avilez, el balance del año expresa una decisión política sostenida de fortalecer el rol del Estado en el mundo del trabajo. “Cada fiscalización es una herramienta de política pública. No se trata solo de controlar, sino de ordenar el sistema laboral, prevenir riesgos y garantizar que el trabajo se desarrolle con derechos. Cuando el Estado llega a los lugares de trabajo, no llega para mirar desde afuera: llega para cuidar, para corregir desigualdades y para construir condiciones más justas”, afirmó.