Función Pública
La Provincia impulsa una gestión pública más transparente y moderna
Durante 2025, la Secretaría de la Función Pública orientó su gestión a transformar la administración provincial con el objetivo de ponerla al servicio de la ciudadanía. Las políticas impulsadas se centraron en reconocer a quienes cumplen con su tarea y en corregir irregularidades que afectan recursos destinados a áreas sensibles como salud, educación y seguridad.
Fecha: 30 de diciembre de 2025
De esta manera, se trabajó en la profesionalización del empleo público, el ordenamiento administrativo y la transparencia, con políticas orientadas a mejorar el funcionamiento del Estado y fortalecer el servicio a la ciudadanía.
Uno de los ejes centrales fue la formación continua del personal estatal. En ese marco, más de 200 agentes fueron capacitados en liquidación de haberes, una función clave para garantizar que las y los trabajadores del Estado cobren sus salarios en tiempo y forma.
En paralelo, se sostuvo un acompañamiento técnico permanente a todas las áreas de Recursos Humanos de la Provincia, promoviendo un trabajo articulado que permitió fortalecer capacidades internas y agilizar la gestión operativa diaria en cada organismo.
En relación con el ciclo laboral de los agentes, durante el año se gestionaron 394 adhesiones para la regularización de aportes previsionales. Este proceso técnico permite regularizar conceptos no remunerativos que forman parte del salario del personal, al momento de su retiro. Asimismo, 149 agentes concretaron su retiro bajo el régimen de desvinculación voluntaria con apoyo económico y cobertura de salud.
En materia de transparencia, se centralizó el ingreso a la administración pública a través del portal Convocatorias RN, que facilita el acceso directo a las búsquedas laborales de manera pública y abierta. A lo largo del año se realizaron 35 convocatorias destinadas a cubrir vacantes en organismos estratégicos, priorizando criterios de idoneidad técnica para el adecuado desempeño de la función pública.
El diálogo paritario fue otro eje de la gestión. La Mesa de la Función Pública se reunió en 13 oportunidades para revisar los esquemas salariales buscando mitigar el impacto inflacionario, siempre bajo la premisa del equilibrio fiscal. En un contexto económico complejo, la prioridad absoluta fue la previsibilidad: garantizar el pago de haberes en tiempo y forma a la totalidad de los agentes estatales.
En cuanto al ordenamiento administrativo, se tramitaron 430 expedientes disciplinarios para resguardar la integridad institucional. De ese total, se dictaron 204 sanciones, entre ellas 36 cesantías por faltas graves. En este marco, también se capacitó al personal de hospitales públicos para optimizar y agilizar los procedimientos internos vinculados a estas actuaciones.
Respecto del control del ausentismo, el sistema de auditoría médica permitió detectar irregularidades en solicitudes de licencias, lo que derivó en la denegación del 45% de los días requeridos por falta de sustento clínico. En su mayoría, se trató de denegatorias parciales que generaron un efecto disuasorio, reduciendo prácticas oportunistas y recuperando la presencialidad en áreas críticas. Este esquema generó un ahorro estimado de $19.000 millones de pesos.
Por otro lado, con el objetivo de apoyar a los gobiernos locales, el Sistema de Juntas Médicas amplió su alcance mediante convenios con 16 municipios y nueve empresas estatales. Esta política les permite acceder a un servicio especializado, con criterios profesionales unificados para la evaluación y el seguimiento de la salud laboral de sus trabajadores.
Finalmente, durante 2025 se dio inicio al desarrollo de la Historia Clínica Laboral digital, una herramienta orientada a unificar y sistematizar la información vinculada a la salud laboral de las y los agentes del Estado. Este avance permitirá agilizar trámites, mejorar los procesos de evaluación médica y fortalecer el seguimiento integral de la trayectoria laboral, con criterios profesionales y resguardo de la información.